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Columna de Opinión de Ricardo Tejada Curti, Gerente General Asociación Nacional de Armadores A.G.

Cabotaje en Chile y las implicancias de una apertura unilateral

Mucho se ha hablado últimamente del cabotaje en Chile, un término que seguramente quienes no están relacionados con el tema nunca antes habían escuchado. El cabotaje, que también puede ser aéreo, es el transporte de carga o pasajeros entre dos puntos del país, ya sean estos continentales o insulares. Y así como cualquier otra actividad económica está regulado por distintas leyes en nuestro país.

Así como en el resto del mundo el cabotaje, o también llamado Transbordo, cuando se refiere a movimientos intermedios de la carga antes de llegar a su destino final, está reservado para naves de la bandera del país donde se hace el cabotaje. Y esta reserva no es al azar o por un capricho de alguien, esta reserva de carga obedece a ser prácticamente el único incentivo a mantener naves con la bandera de Chile.

El hecho de modificar el concepto de cabotaje de la manera que se ha propuesto en algunos sectores propone, la atractiva posibilidad o, incluso generar un fuerte incentivo, para que las naves con bandera chilena cambien el pabellón nacional por uno más conveniente (un “pabellón de conveniencia”) en aspectos tributarios y reglamentarios.

Usualmente las compañías navieras que explotan rutas de comercio internacional, si bien tienen su sede claramente establecida, eluden y/o disminuyen los impuestos de sus respectivos países sedes matriculando sus naves en otros países para que enarbolen “banderas de conveniencia“. Esto permite a las empresas extranjeras reducir costos, pagando la tributación legal mínima, o inexistente, y contratar trabajadores cuya retribución sea la menor posible, todo ello sin violar las leyes internacionales y de los países de matrícula. Por lo anterior, las naves de bandera chilena que realizan cabotaje no pueden competir en igualdad de condiciones con una nave que enarbole pabellón de conveniencia.

Una empresa extranjera que quiera desarrollar una actividad productiva en un país determinado, deberá acogerse y ajustarse a las leyes y reglamentos propios del Estado donde pretende establecerse y desarrollar actividades.

Una apertura al cabotaje de la manera que sea, mientras no exista igualdad de condiciones, traerá amarrado un grave deterioro de nuestra Marina Mercante, peor calidad y cantidad de trabajo para nuestros marinos al tener que ingresar a naves con bandera de conveniencia, menos trabajo para quienes laboran en las compañías en tierra, centros de formación y otros de manera indirecta que aproximadamente suman casi 20.000 personas, además de la pérdida de una industria nacional con más de 198 años de existencia al servicio de nuestro país.

También habría que recordar que aconteció en Chile cuando, en relación a un puerto específico, se levantó la restricción al cabotaje. En efecto, con la Ley Nº 19.420, sobre incentivos para el desarrollo económico de las provincias de Arica y Parinacota, se intentó incentivar la economía de las provincias del norte del país, estableciendo una excepción a la reserva del cabotaje, permitiendo que las naves extranjeras que, provengan o tengan por destino puertos de la provincia de Arica pudieran transportar cargas, incluso inferiores a 900 toneladas. La medida impuesta por esta Ley generó un importante detrimento en el transporte terrestre, por lo que, finalmente, durante el primer gobierno de la Presidenta Bachelet y bajo la premisa que la mencionada Ley vulneraba el “principio de igualdad que debe existir en el trato económico de las diferentes actividades”, se derogó el artículo 34º de la citada Ley Nº 19.420, que permitía la excepción mencionada.

Es importante mencionar que la flota nacional, que actualmente desarrolla el cabotaje nacional, satisface todas las necesidades de la demanda de transporte marítimo, en cuanto cubre los requerimientos del mercado, existiendo la disposición a abanderar nuevas naves con pabellón nacional cada vez que se ha requerido aumentar el tráfico de cabotaje en el país, ya sea por aumento de volúmenes o para cubrir nuevas rutas.

Además, se debe considerar que la reserva de cabotaje que considera la legislación nacional en favor de las naves chilenas, no es absoluta, ya que cumplidas ciertas condiciones, se permite que las naves extranjeras puedan efectuar tráfico de carga y/o pasajeros entre puntos del territorio nacional.

Si se revisa la  experiencia internacional, se podrá constatar que estas iniciativas no han tenido, en ninguno de los casos, los resultados deseados, produciéndose un sensible daño a la industria marítima de cada uno de los países donde se ha intentado, disminuyendo la capacidad de las respectivas marinas mercantes, y quedando, en definitiva, el cabotaje, en manos de capitales extranjeros. De hecho, en la mayoría de los países donde el cabotaje fue abierto en forma unilateral, hoy existen iniciativas para volver a restringirlo.

Otro aspecto relevante a considerar, y que tiene relación directa con factores políticos y estratégicos de interés nacional, es la importancia que tiene la existencia y permanencia de la Marina Mercante Nacional. La Ley de Navegación otorga la calidad de Reserva Naval tanto a los tripulantes y naves en caso de un conflicto o catástrofe que ocurra dentro del país. Claro ejemplo de lo anterior se vivió durante el último evento del Volcán Chaitén, en que fueron las naves de la Marina Mercante las que rescataron a los pobladores afectados.

Nuestra legislación es clara, así es como el artículo 1º de la Ley de Fomento a la Marina Mercante dice: “La política naviera permanente de Chile es fomentar el desarrollo y favorecer la mantención de su Marina Mercante…..”. Dado lo anterior, ¿no se debiera tratar de mejorar las condiciones de operación de nuestra Marina Mercante?, eso antes de propiciar una competencia desleal al permitir que naves de bandera extranjera operen en el país con condiciones de un pabellón de conveniencia, por algo su nombre lo dice.

Estamos seguros que la competencia es buena, pero debe ser en igualdad de condiciones para todos quienes participen, en este caso, del Cabotaje, con igualdad de condiciones laborales, tributarias y legales en general.

 

Por Ricardo Tejada Curti, Gerente General Asociación Nacional de Armadores A.G.

Fotografía: Asociación Nacional de Armadores – Chile A.G.